¿Beneficios para el partido político?
El inicio del dilema
En campaña electoral, y a veces incluso en el ejercicio del poder, la política parece más un deporte de demolición que un debate de ideas. La estrategia de desacreditar al contrincante político —señalar sus errores, exponer sus defectos, atacar su reputación— se ha convertido en un recurso casi automático. Pero la pregunta incómoda es: ¿quién gana con este juego? ¿El pueblo recibe más claridad sobre quién lo gobierna o solo el partido atacante refuerza su poder?
El mecanismo detrás de la desacreditación
Desacreditar no es lo mismo que criticar. La crítica aporta argumentos, datos y alternativas; la desacreditación busca minar la confianza en la persona, no en su programa. Funciona porque apela a lo emocional: una mancha en la reputación pesa más que un análisis técnico de políticas públicas.
En sociedades saturadas de información, donde los ciudadanos no tienen tiempo para leer programas completos de gobierno, un rumor o una acusación repetida puede ser más efectiva que diez páginas de propuestas. La política, así, se convierte en un concurso de quién destruye mejor la imagen del otro.
Ejemplos que atraviesan la historia
La estrategia de desacreditar no es nueva. En la Roma republicana, Cicerón fue experto en usar discursos públicos para desacreditar a sus rivales, destacando sus supuestos vicios personales. En Estados Unidos, la campaña de 1964 contra Barry Goldwater lo pintó como un extremista capaz de llevar al país a una guerra nuclear, más allá de discutir sus ideas.
En América Latina, el ejemplo se repite: desde acusaciones de corrupción que nunca llegan a juicio hasta ataques mediáticos que buscan instalar la idea de que el adversario es “incapaz” o “peligroso”. En muchos casos, estas campañas logran su objetivo inmediato: desgastar al rival. Pero rara vez aportan claridad sobre qué necesita realmente la sociedad.
¿Beneficios para el pueblo?
En teoría, señalar los errores de un contrincante debería servir al pueblo: permite conocer antecedentes, detectar incoherencias y exigir transparencia. Sin embargo, en la práctica, la estrategia de desacreditación suele quedarse en lo superficial. No busca que el ciudadano decida mejor, sino que rechace al adversario casi por reflejo.
El resultado es una ciudadanía más desconfiada, más polarizada y, paradójicamente, menos informada. Porque si todos los políticos son presentados como corruptos, inútiles o peligrosos, ¿cómo distinguir quién ofrece una verdadera alternativa?
Cuánto gana el partido que ataca
Para el partido que utiliza esta estrategia, el beneficio inmediato es evidente: debilitar al rival y ganar terreno en la opinión pública. Además, genera cohesión en sus seguidores, que encuentran en la figura del enemigo un motivo para cerrar filas.
Pero este recurso tiene fecha de caducidad. A largo plazo, el partido que solo desacredita se arriesga a vaciarse de propuestas y a generar un clima político envenenado. En democracias frágiles, esa dinámica erosiona aún más la confianza en el sistema y favorece el crecimiento de discursos autoritarios que prometen “poner orden” en medio del caos.
Entre la necesidad y el abuso
La desacreditación puede ser legítima si se basa en hechos comprobables que afectan directamente la capacidad de un candidato o gobernante para servir al pueblo. Pero cuando se convierte en el eje central de la política, deja de ser una herramienta de transparencia y se transforma en un espectáculo que solo beneficia al partido atacante.
El reto ciudadano está en no dejarse arrastrar por la lógica de “quién destruye mejor al otro”, sino exigir propuestas claras y evaluar la coherencia entre el discurso y la acción. Al final, la democracia no mejora cuando alguien queda desacreditado, sino cuando la gente cuenta con información real para tomar decisiones libres.
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